Miguel Ángel Albaladejo, socio fundador de DIKEI Abogados y doctor en Derecho, aborda en Economist & Jurist la sentencia emitida recientemente por la Audiencia Nacional con motivo de las presuntas irregularidades en las obras de ampliación del Puerto de ‘El Musel’ en Gijón.
En este artículo de opinión, Miguel Ángel evalúa la actuación de la Fiscalía y el sumario abierto por esta en el que se condena a determinadas personas, cuyos cargos han sido finalmente desestimados por la Audiencia Nacional.
Recuerda el autor las observaciones esgrimidas por el Tribunal en su sentencia con relación al sumario emitido por el Ministerio Fiscal: “carecen, sin embargo, de acreditamiento varias de las afirmaciones que contiene el escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal, en las que basa la comisión del delito de fraude del art. 436 del Código Penal y de prevaricación del art. 404 del Código Penal”.
A su vez, el Tribunal manifiesta que “carece de prueba mínimamente fiable y concluyente la elección subterránea de unas empresas para beneficiarlas con la adjudicación del contrato, que afirma el escrito de calificación”, elaborado por el mencionado Ministerio Público.
Así, Miguel Ángel se pregunta si “si ocho años de imputación a veintiuna personas, algunos relevantes servidores públicos, no tiene consecuencias para los jueces, fiscales y abogados del Estado intervinientes con lo que significa de cruel sospecha pública, de incertidumbre personal y ansiedad íntima para los señalados”.
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