- Las autoridades portuarias, los prestadores, usuarios y la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM) trabajarán en el borrador de los nuevos modelos de PPP.
Manuel Dapena, socio de Derecho Administrativo de DIKEI Abogados y experto en contratación pública, participará en el proyecto de elaboración de los modelos de Pliego de Prescripciones Particulares (PPP).
Esta semana, Salvador de la Encina, Presidente de Puertos del Estado, ha abordado en una primera reunión con las autoridades portuarias (AAPP), los modelos de pliegos de Practicaje y Amarre. A este encuentro han asistido el presidente y el gerente del Colegio Nacional de Prácticos, Joan Roig y Joaquín Monedero, respectivamente, y el presidente de la Federación de Prácticos de España, Juan Pedro Morales. Manuel Dapena, asesor jurídico del Colegio, y Leandro Melgar, director de Explotación, también han participado en el encuentro.
En esta reunión, De la Encina ha explicado los progresos en la elaboración de los modelos de Pliegos de Prescripciones Particulares (PPP) de los servicios portuarios que es uno de los objetivos de su Presidencia.
El presidente de Puertos del Estado, ha señalado que a mitad de mayo, una vez incorporadas las aportaciones de esta primera reunión, se convocará otra para trabajar en el borrador de modelo con la asociación de prestadores, los usuarios y la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM).
Además, en este encuentro se ha analizado la oportunidad de realizar algunas modificaciones del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (TRLPEMM), como, por ejemplo, establecer una nueva obligación de servicio público de disponibilidad del servicio portuario.
Esto se debe a que existe la obligación de mantener la disponibilidad del servicio de practicaje y remolque a pesar de que, en algunos casos, el nivel de utilización de este servicio es muy bajo. Por tanto, se dan problemas de viabilidad económica y la posibilidad de establecer una tarifa podría subsanar estos problemas.
El objetivo de esta adaptación del texto refundido es incorporar la disponibilidad del servicio para todos los usuarios en condiciones de igualdad, algo que debe ser garantizado por las obligaciones de servicio público; y establecer la posibilidad que esta disponibilidad del servicio pueda traer consigo una compensación económica por los usuarios que no lo utilizan pero que son potenciales usuarios de este.
