Se ha aprobado la Ley del Derecho de Defensa, un hito esencial para la abogacía en nuestro país, y que se publicará en el BOE en los próximos días. Esta normativa, que entra vigor con el texto aprobado por el Congreso de los Diputados tras la suspensión del pleno del Senado debido a la DANA en el Levante, responde a una de las reivindicaciones históricas del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).
Nuestra compañera Nayra C. Lozano, abogada sénior de penal en Dikei Abogados, destaca en un artículo de Expansión que la ley “establece la posibilidad de poder solicitar la suspensión del procedimiento judicial o el nuevo señalamiento en casos de fuerza mayor u otro motivo de análoga entidad, entre los que señala nacimiento, adopción, cuidado de menor, hospitalización de cónyuge o familiar, fallecimiento de pariente hasta segundo grado, hospitalización o baja médica del profesional”.
La ley refuerza el principio constitucional de tutela judicial efectiva y consolida el papel fundamental de la abogacía en el sistema de Justicia. Entre sus novedades, destaca una mayor protección del secreto profesional, nuevos criterios para la fijación de honorarios y un marco ampliado de amparo profesional para los abogados por parte de sus colegios.
Artículo completo de la periodista Laura Saiz: aquí.
