La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado íntegramente el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal, al que se adhirió la acusación particular, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 11 de Madrid, de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, que absolvía a doce cargos del Ayuntamiento de Colmenar Viejo de un supuesto delito de prevaricación urbanística.
Entre los acusados se encontraban dos ex alcaldes y el actual regidor del Ayuntamiento de Colmenar Viejo. El que fuera alcalde de la Corporación desde el año 1995 hasta el año 2011, José María de Federico, fue defendido por Gerardo Viada, socio de Dikei abogados. Asimismo, siete de los concejales del Ayuntamiento fueron defendidos por Nayra Cordero Lozano, y el actual alcalde, Jorge García Díaz por Manuel Dapena del mismo despacho de Dikei Abogados.
La citada sentencia comienza por poner de relieve que un pronunciamiento condenatorio no puede realizarse en vía de recurso de apelación cuando implique una valoración de los medios de prueba personales (consistente en declaración de los acusados y peritos que depusieron en el juicio), como pretendía el Ministerio Publico en su recurso de apelación.
Partiendo de lo anterior mantienen la absolución al entender que no se detectan en las decisiones administrativas examinadas “circunstancias de patente e insufrible arbitrariedad para suponer la sustitución de la voluntad del legislador por el capricho personal del funcionario”.
Asimismo consideran “también que tales decisiones no se basaron en la tergiversación deliberada del derecho aplicable para optar por una interpretración legal insostenible”. Continúa afirmando que “las razones tomadas en consideracion en cada uno de los casos…recogen con preción lo que fue un ejercicio ponderado de los motivos que aconsejaron conceder las licencias” y que ofrencen un análisis coherente de las distintas situaciones contempladas en cada caso y de sus particularidades.
La sentencia absolutoria es firme y con esta nueva resolución acaba un calvario que comenzó en el año 2017 por 15 licencias otorgadas, en su mayoría de primera ocupacion, por la Junta de Gobierno de la que formaban parte todos los acusados y que se remontaban a los años 2006 a 2012.
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